El Congreso Nacional ha sancionado la ley “De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19”.

Si bien la Constitución, en su artículo 6, obliga al Estado a garantizar la calidad de vida de las personas, lo cual deriva del respeto a la dignidad, esto debe responder a políticas de desarrollo integral. En cambio, la sanción de una ley, aún pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que supuestamente apoye las ollas populares, es un culto a la política mendicante, que ratifica el abandono en el que tienen los gobernantes a los ciudadanos.

La pandemia del COVID-19 puso en evidencia los efectos de la corrupción, del robo descarado de quienes administran la República. Los numerosos actos de latrocinio cometidos desde el Gobierno, los planilleros creados por políticos, y solventados por el erario público, exponen cada vez con mayor notoriedad la miseria de un pueblo sin salud, trabajo, educación y viviendas dignas.

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), publicó el 27 de marzo de este año, a través de su página web, los resultados de pobreza monetaria, de acuerdo a la información recolectada por la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2019. Un millón seiscientos cincuenta y siete mil personas residen en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo. Lo que quiere decir que apenas sobreviven, por supuesto, sin tener chances de contar con educación, salud, ni esparcimiento.

El Estado, en lugar de profundizar proyectos de desarrollo y fomentar la creación de fuentes de trabajo, insiste en su política asistencialista mendicante. Tal como lo hace al recibir constantemente donaciones de mascarillas, ventiladores, equipos de bioseguridad, de parte de otros países, a pesar de contar con un multimillonario préstamo que no tiene la capacidad de aplicar correctamente, por inoperancia y corrupción.

En la ley referente a las ollas populares se contempla la compra de insumos para que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI) coordinen la entrega a las organizaciones sociales, comunitarias y con un control de gasto. Una vez más, surge la duda sobre el uso que se dará a esos fondos, considerando los antecedentes nefastos, más cuando los destinatarios son los sectores más vulnerables, y sabiendo que los órganos de control en el Estado, la mayoría de las veces, son expertos blanqueadores de las irregularidades.

No será raro que aparezcan organizaciones sociales y comunitarias creadas por operadores políticos, y que sean estas las privilegiadas con el reparto de los insumos, que probablemente no llegarán a los destinatarios que los necesitan. Terminarán casi seguro en poder de seccionaleros o presidentes de comité, que los repartirán, a su vez, a sus leales, o los comerciarán para provecho propio. Esta iniciativa llega en el momento justo, pues se aproximan épocas electorales.

Seguramente veremos pronto fotografías y spots del Gobierno, donde la primera dama de la nación y las esposas de políticos enriquecidos precisamente a costa de la miseria de esas personas, expondrán descaradamente a sus víctimas en su necesidad.

Es un error fomentar el asistencialismo en lugar de encontrar soluciones estructurales duraderas, para que los ciudadanos alcancen un nivel de vida digna, con salud pública decente y una educación que les sirva de herramienta para alcanzar sus metas, con lo cual nuestros compatriotas saldrán de la franja de la pobreza, y podrán aspirar a una vida mejor.

Las iniciativas auténticamente sociales, surgidas a partir de las falencias del Estado, deben ser respetadas como tales, y no ser utilizadas por los políticos para hacer propaganda a costa de la necesidad de la gente. La pésima gestión del Gobierno no va a mejorar interviniendo en las ollas populares para enturbiar estas actividades, sino asumiendo de una vez su responsabilidad de crear las condiciones para que ningún ciudadano siga humillándose en largas filas buscando un plato de comida.

El presidente Mario Abdo Benítez debe vetar esta ley que denigra a nuestros compatriotas, y trabajar en serio, sin corrupción e influencias nefastas, en proyectos que redunden en su elevación y desarrollo.

Editorial de ABC Color

 

 

© ABC Color - 29 de agosto de 2020
    Fotos a cargo de la redacción de www.missionerh.com

 

 

 

 02/09/2020